El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona ha exonerado una deuda de 49.498 euros a una mujer de Terrassa en una resolución judicial que pone de manifiesto la aplicación efectiva de la Ley de Segunda Oportunidad. La deudora, cuya identidad se mantiene en el anonimato, vio aumentar su endeudamiento de manera insostenible debido a problemas personales y de salud que afectaron tanto a ella como a su madre, lo que le impidió cumplir con sus obligaciones económicas.
La juez, tras analizar detalladamente la documentación presentada, determinó que la mujer cumplía con los requisitos necesarios para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, incluyendo demostrar que es una deudora de buena fe sin capacidad para abonar sus deudas. En la sentencia, se especifica que «al estar ante un deudor de buena fe y que no dispone de masa activa suficiente para pagar los costes de concurso, se le concede la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho, con la extensión que ha solicitado el deudor».
El despacho de abogados «Date una Segunda Oportunidad», que llevó el caso, explicó que la situación de insolvencia de su clienta surgió tras enfrentarse a complicaciones médicas severas. La mujer y su familia tuvieron que mudarse a una vivienda de alquiler, lo que les obligó a solicitar sus primeros créditos para poder amueblarla. Posteriormente, la aparición de enfermedades graves en ella y su madre aumentaron los gastos médicos y llevaron a la necesidad de pedir más préstamos. La situación empeoró debido a la baja laboral de la afectada, que redujo significativamente los ingresos familiares, precipitando un colapso financiero del que no pudieron recuperarse.
En su desesperación, la mujer contactó con el despacho de abogados especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, quienes confirmaron que su caso cumplía con los requisitos legales para solicitar la exoneración. Esta normativa permite que tanto particulares como autónomos súbitamente insolventes puedan eliminar parcial o completamente sus deudas, otorgándoles así la posibilidad de comenzar de nuevo. A pesar de que el procedimiento suele llevar más tiempo, en este caso se alcanzó la resolución en menos de tres meses desde la presentación de la demanda.
Los abogados destacaron que la rapidez del proceso se debió a una adecuada preparación y presentación de la demanda, junto con una recopilación exhaustiva de toda la documentación necesaria que reflejara la situación personal y económica de la deudora. Advertencias sobre posibles dilaciones debidas a la falta de documentación adecuada llevaron a la recomendación de obtener siempre asesoría especializada para asegurar una tramitación eficiente.
Los expertos legales subrayaron que cualquier persona que esté considerando acogerse a esta Ley debe contar con el acompañamiento y asesoramiento de un despacho de abogados especializado, capaz de generar confianza y proporcionar seguridad, tal y como experimentó su clienta en este caso.
