En medio de una creciente crisis habitacional, las organizaciones que convocaron la multitudinaria manifestación por la vivienda del pasado 13 de octubre han alzado la voz exigiendo una respuesta firme por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y otras administraciones. En su reciente comunicado, plantean una serie de exigencias dirigidas a frenar una emergencia que afecta a miles de personas, y critican la actitud del gobierno regional que, según afirman, ha optado por «echar balones fuera» en lugar de asumir su responsabilidad.
El epicentro de la crítica recae sobre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a quien señalan como principal responsable debido a múltiples decisiones que, aseguran, han exacerbado la crisis. Entre ellas destacan la venta del parque público de viviendas a fondos de inversión, la desregulación de viviendas de protección pública y una aparente inacción ante la proliferación de pisos turísticos ilegales. Por si fuera poco, los colectivos también denuncian la sistemática desatención hacia comunidades como San Fernando de Henares y Cañada Real, donde la falta de servicios básicos, como la electricidad, sigue siendo un flagelo para muchas familias.
La manifestación, que reunió a miles de ciudadanos exigiendo medidas concretas, no parece haber logrado aún una respuesta contundente por parte del ejecutivo autonómico. Los convocantes del evento han expresado su frustración ante la falta de declaración de zonas tensionadas en los municipios de la región y rechazan las medidas recientemente anunciadas por el Gobierno central, tildándolas de insuficientes. Según los colectivos, herramientas como el bono alquiler joven sólo sirven para incrementar los beneficios de los rentistas en lugar de proporcionar soluciones reales.
La respuesta silenciosa de múltiples ayuntamientos madrileños, principalmente el de la capital, también ha sido motivo de crítica. Los activistas consideran inadmisible que estos gobiernos locales no aprovechen sus competencias para abordar un problema que consideran urgente. Además, insisten en la necesidad de integrar políticas que enfrenten el cambio climático en el ámbito urbanístico.
Los colectivos exigen una transformación integral de las políticas habitacionales, buscando incrementar el parque de vivienda pública, estabilizar los precios del alquiler y fomentar un desarrollo urbano que respete el medio ambiente. Argumentan que esto solo será posible si se revierten decisiones previas, como las realizadas en las operaciones urbanísticas de Chamartín y Campamento.
Frente a la actual situación, las organizaciones se mantienen firmes en su determinación de seguir movilizándose. Tras realizar una asamblea de evaluación el 22 de octubre, han programado nuevas acciones de protesta para las semanas siguientes, buscando captar la atención de las autoridades hasta lograr cambios significativos en la política de vivienda.
Con un llamado explícito a la ciudadanía para mantenerse unida en esta lucha, los colectivos reafirman su compromiso de continuar en el camino hacia una solución justa y equitativa para el problema habitacional que afecta a la Comunidad de Madrid. «La vivienda es un derecho, no un negocio», reiteran, mientras persisten en su empeño por transformar las ciudades y pueblos en lugares verdaderamente habitables para todos.
Fuente: UGT Madrid
