El próximo 19 de octubre, Madrid será el epicentro de una significativa movilización convocada por sindicatos y colectivos de toda España. El propósito: expresar el rechazo y exigir soluciones a la problemática de la temporalidad en el empleo público. Organizaciones como CGT FETAP y otras 22 entidades han unido sus fuerzas para visibilizar un tema que afecta a miles de trabajadores en el país.
El manifiesto que acompaña a esta movilización es claro en su denuncia de lo que consideran un «sistemático maltrato» por parte de las Administraciones Públicas. Años de escasez de recursos, precariedad laboral y, sobre todo, un abuso prolongado de la temporalidad, que no solo incumple las normativas internas, sino también la legislación europea. España se ha convertido en el líder en multas dentro de la Unión Europea por esta razón, sanciones que acaban pagadas por los ciudadanos de su propio bolsillo.
La crítica se centra en la falta de acción efectiva a pesar de la trasposición de la Directiva 1999/70/CE al ordenamiento nacional en 2015, que prometía limitar la contratación temporal en el ámbito privado. Sin embargo, este esfuerzo no se ha reflejado en el empleo público, donde la temporalidad continúa como una cuestión no resuelta, pasando ya 25 años desde que el problema se inició.
La Ley 20/2021, lejos de representar una solución definitiva, ha generado nuevas discriminaciones según las sentencias recientes del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), las cuales dictan que ni la figura del «indefinido no fijo» ni las escasas indemnizaciones actuales son medidas adecuadas contra este tipo de abusos.
El mensaje a las autoridades es inequívoco. Las expectativas de muchos estaban puestas en el exministro de Función Pública, José Luis Escrivá, quien ofreció una solución aparentemente sencilla: convertir automáticamente a los interinos en fijos. No obstante, como insiste el manifiesto, este compromiso venía con condiciones que poco esclarecieron el panorama. El actual ministro, Óscar López, heredero de esta compleja situación, ha indicado que seguirá la misma hoja de ruta, una que todavía no ha demostrado ser eficaz para reducir la alta tasa de interinidad que prevalece.
Los sindicatos convocantes, junto a una extensa lista de organizaciones de apoyo, demandan medidas concretas del Gobierno. El manifiesto solicita la paralización inmediata de los ceses de personal temporal, la reintegración de aquellos que hayan sido cesados injustamente, y la estabilidad laboral para empleados con más de tres años en el mismo puesto. Además, exigen cambios normativos en el Estatuto Básico del Empleado Público para prevenir futuros abusos.
La inacción no será tolerada, aseguran los organizadores, quienes prometen una lucha infatigable hasta que se garantice justicia y estabilidad para los empleados públicos temporales. Un llamado urgente a modificar no solo leyes, sino también una estructura laboral que afecta a miles, como una cuestión de dignidad y equidad para todos los trabajadores afectados.
Fuente: CGT
