El caso de Íñigo Errejón, acusado de un presunto delito de agresión sexual, ha suscitado controversia y reflexión sobre la coherencia en el ámbito político y la credibilidad otorgada a los testimonios de las víctimas de violencia machista. El juez a cargo de la investigación confrontó a Errejón sobre la disonancia percibida en su postura y la del partido del que era portavoz, Sumar, respecto a los testimonios de quienes denuncian agresiones. Durante su declaración, el juez cuestionó directamente la justificación de Errejón para no darle validez al testimonio de la denunciante, Elisa Mouliaá, sugiriendo una contradicción en la política de creer automáticamente a las víctimas. Errejón explicó que su decisión de dimitir se debió precisamente a esa incoherencia, ya que sentía que había perdido la confianza de su partido y no podía continuar representando un espacio que, según él, hacía de cualquier testimonio algo inmediata y completamente creíble.
El diálogo entre el juez y Errejón resaltó las tensiones inherentes a la defensa de principios políticos cuando estos entran en conflicto con situaciones personales. Errejón manifestó que, estando en el partido, su postura era coherente con las políticas de Sumar, pero que la situación cambió cuando él mismo se vio envuelto en una acusación. La conversación se convirtió en un examen detallado de cómo las circunstancias personales pueden influir en la percepción de políticas y principios, subrayando la complejidad de aplicar de manera uniforme criterios sobre la credibilidad de los testimonios en casos de violencia. Este episodio pone de relieve la necesidad de un debate más profundo sobre la coherencia y las políticas de credibilidad en situaciones sensibles y personalizadas.
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