El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene la autoridad para revocar visas sin previo aviso y sin dar explicaciones, basando sus decisiones en lo que considera «de interés público». Este fin de semana, esta situación afectó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres, quienes anunciaron en redes sociales que sus visas habían sido revocadas. Aunque no se les ha acusado de ningún delito, ni se les ha señalado oficialmente por alguna mala conducta, Washington optó por retirarles el acceso al país, un acto que refleja el poder discrecional y silencioso que las autoridades estadounidenses pueden ejercer en materia migratoria.
La revocación de visas puede fundamentarse en razones tan amplias como la seguridad nacional o la detección de información falsa. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, secciones 205 y 221(g), y los reglamentos federales, las visas pueden ser revocadas ante cambios en las circunstancias, nuevos hallazgos penales o vínculos con actividades ilícitas. Este poder es interno y, generalmente, irreversible, ya que no requiere justificación pública ni ofrece un proceso judicial para apelar. En el caso de Marina del Pilar y Carlos Torres, la presidenta Claudia Sheinbaum intervino señalando que no había recibido notificación alguna del Gobierno de Estados Unidos, subrayando la incertidumbre generada por este acto unilateral.
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