La policía catalana ha confirmado que ciertas demandas no han sido históricamente una prioridad para los agentes autonómicos, según han indicado fuentes cercanas a la institución. Este pronunciamiento se produce en un contexto de decisiones políticas que afectan a las fuerzas de seguridad y que han generado un debate sobre las verdaderas necesidades y peticiones de los cuerpos autonómicos. A pesar de las discusiones recientes, las autoridades policiales aseguran que sus prioridades han sido siempre otras más alineadas con las necesidades operativas del territorio que con agendas externas.
El Ministerio del Interior ha expresado su incomodidad ante la posible intervención de Moncloa en cuestiones relacionadas con las fuerzas de seguridad autonómicas, aunque ha manifestado su disposición a aceptar lo que se decida desde el Gobierno central. Esta postura resalta la complejidad de la relación entre las políticas nacionales y los requerimientos locales, subrayando la importancia de un equilibrio entre el respeto a la autonomía regional y la unidad de criterio en materia de seguridad. Mientras tanto, se espera que las conversaciones continúen para acercar posiciones y definir claramente las competencias y prioridades en este ámbito.
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