La propuesta de reforma a la Ley de Amparo presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado un intenso debate en México. Tras su envío al Senado el 15 de septiembre, se perfila para ser aprobada sin mayores resistencias en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, ha suscitado preocupaciones entre abogados y grupos de la sociedad civil, quienes advierten que las modificaciones podrían obstaculizar el acceso a la justicia. A pesar de las críticas, el partido gobernante defiende la reforma como un esfuerzo para agilizar los procesos judiciales y limitar el uso del amparo por quienes buscan evadir la justicia. La discusión se centra en cambios a figuras claves como el interés legítimo, que ahora se pretende limitar aún más, y en la restricción de suspensiones, mecanismos que protegen a ciudadanos mientras se revisa la legalidad de los actos impugnados.
La medida, considerada una prioridad en el primer año del gobierno de Sheinbaum, busca redefinir quién puede alegar un interés legítimo en los amparos, lo que podría dificultar acciones legales de organizaciones civiles en defensa de derechos colectivos. Especialistas señalan que estos cambios son un retroceso, en especial en casos de violaciones a derechos humanos y obras públicas controvertidas. Durante audiencias públicas, expertos advirtieron que la reforma favorece a las autoridades más que a los ciudadanos. Sin embargo, el bloque oficialista insiste en la necesidad de modernizar el sistema de amparo para evitar abusos por parte de quienes poseen mayores recursos económicos. La votación final en el Senado estaba prevista para este miércoles, mientras continúan las preocupaciones sobre la implementación de estos cambios.
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