En un acto cargado de simbolismo y memoria histórica, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha iniciado el procedimiento para declarar el Monumento a los Abogados de Atocha, ubicado en la plaza de Antón Martín de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática. Este gesto se realiza hoy, cuando se cumplen 48 años del trágico suceso que cobró la vida de cinco personas y dejó heridas a otras cuatro, víctimas de la violencia ejercida por un comando de extrema derecha en un intento de frenar el avance de la Transición democrática en España.
El ataque se perpetró en el bufete de los abogados laboralistas en la calle Atocha, que se había consolidado como un bastión de la lucha antifranquista y un refugio para los defensores de las libertades democráticas. Los abogados Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo; el estudiante Serafín Holgado; y el trabajador Ángel Rodríguez Leal, perdieron la vida en este atentado. Otros, como Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz, resultaron con heridas de gravedad. La instalación artística que conmemora este evento, propuesta por Comisiones Obreras, fue inaugurada en 2002, marcando un espacio de memoria y homenaje que ahora cuenta con el reconocimiento oficial de su importancia histórica.
La declaración del monumento se inscribe en un contexto más amplio brindado por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que subraya la necesidad de recordar la trayectoria de la democracia en España, desde sus orígenes, y las numerosas luchas que definieron su camino hacia la libertad. Para mantener vivo este recuerdo, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, junto con Carmina Gustrán, comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, han realizado una ofrenda floral en honor a las víctimas.
El contexto de los años finales de la dictadura franquista se caracterizó por la violencia de grupos de extrema derecha que atacaban a quienes promovían el cambio político. En las semanas anteriores y posteriores al atentado, estos grupos extremistas llevaron a cabo diversas acciones violentas contra personas y organizaciones comprometidas con la transición democrática, añadiendo una dosis de incertidumbre y peligro al tenso clima político de la España de entonces.
Los abogados laboralistas de Atocha, afiliados a Comisiones Obreras y militantes del Partido Comunista de España, prestaban un servicio esencial en un contexto en el que los derechos laborales eran fuertemente reprimidos. Proporcionaban asesoría y defensa legal a trabajadores, convirtiéndose en piezas clave para la movilización y la defensa de las libertades laborales en el país. El asesinato de estos abogados no solo fue un ataque contra individuos particulares, sino que también fue un intento de socavar el movimiento hacia una sociedad más justa y democrática.
El entierro de los fallecidos constituyó una de las primeras manifestaciones masivas tras la muerte de Francisco Franco, reuniendo a más de cien mil personas en una poderosa muestra de solidaridad y desafío colectivo. Este acto, junto con las huelgas y protestas que proliferaron por todo el país, subrayó la determinación compartida de avanzar hacia una España libre y democrática.
La memoria de los abogados de Atocha no solo persiste en las piedras del monumento que hoy recibe un reconocimiento formal. También vive en la conciencia colectiva de una sociedad que, al recordar estos sacrificios, se refuerza en su compromiso con las libertades y los valores democráticos.
Fuente: Ministerio Políticas Territoriales y Memoria Democrática.
