La vicepresidenta ha establecido un nuevo límite al derecho a déficit autonómico, fijándolo en un 0,1% para los próximos años, un movimiento que ha generado controversia en el ámbito político y económico. Esta decisión fue aprobada exclusivamente con los votos de las comunidades autónomas gobernadas por el partido socialista, lo que ha puesto de manifiesto la fractura entre las regiones en función de sus alineaciones políticas. El objetivo de esta medida, según fuentes del gobierno, es controlar el gasto público y fomentar la estabilidad fiscal, en un contexto en que la economía española se enfrenta a retos significativos. Sin embargo, la oposición y las comunidades no socialistas han criticado severamente la decisión, argumentando que limita la capacidad de maniobra financiera de las regiones y podría afectar negativamente a la prestación de servicios públicos esenciales.

La medida ha suscitado un intenso debate sobre el equilibrio entre el control central del déficit y la autonomía regional. Mientras que la vicepresidenta defiende que el ajuste es necesario para cumplir con los compromisos de sostenibilidad económica adquiridos por España a nivel europeo, los críticos señalan que la regla podría asfixiar el desarrollo económico local y aumentar las desigualdades entre las regiones. Funcionarios y expertos económicos han advertido que la rigidez del nuevo límite podría llevar a varias comunidades a enfrentar dificultades financieras y a realizar recortes en áreas sensibles como la educación y la salud. En este sentido, muchos gobernantes regionales han manifestado su descontento y han solicitado un diálogo más inclusivo para abordar las diferencias y encontrar soluciones que no comprometan la autonomía fiscal ni el bienestar de los ciudadanos en sus territorios.

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