El Gobierno ha iniciado un proceso para aplicar una condonación parcial de la deuda autonómica, que asciende a 83.252 millones de euros, tras un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) marcado por el plantón de los gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP). La medida, impulsada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende paliar el endeudamiento regional, aunque ha sido rechazada por el PP, que argumenta que la propuesta surge de un pacto con el independentismo catalán y no soluciona los problemas de financiación autonómica. Montero criticó el abandono de los consejeros populares, acusándolos de irresponsabilidad y de seguir instrucciones partidistas sin considerar los beneficios para sus territorios, ya que 60.000 millones de la condonación beneficiarían a comunidades dirigidas por el PP.
El siguiente paso del proceso es negociar individualmente con todas las comunidades autónomas las condiciones específicas de la quita de deuda. Aunque la propuesta de Hacienda contempla un ahorro de aproximadamente 7.000 millones en intereses, su implementación depende de la aprobación parlamentaria, donde será discutida como proyecto de ley. La fórmula diseñada por el Gobierno evalúa factores como la población ajustada por necesidades y penaliza a aquellas comunidades que han reducido el IRPF. Cataluña y Andalucía son dos de las regiones más beneficiadas, al concentrar más del 40% de la deuda perdonada. Si la medida supera la tramitación legislativa, las comunidades deberán decidir su adhesión de manera voluntaria, lo que implica que aquellas no endeudadas con el Estado, como la Comunidad de Madrid, podrían evaluar si participar o no en la condonación propuesta.
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