Una nueva normativa modificó una ley de 1980, estableciendo que a partir de ahora el gobierno deberá obtener permiso previo del Parlamento antes de firmar préstamos con la banca para financiar el déficit u otras necesidades. Este cambio busca mejorar la transparencia y evitar el endeudamiento excesivo sin supervisión, reflejando una respuesta a preocupaciones crecientes sobre la gestión fiscal y la acumulación de deuda pública. La medida se produce en un contexto de discusión sobre la sostenibilidad económica y fiscal, y responde a demandas de mayor control por parte de organismos de supervisión y la ciudadanía.
Analistas económicos han señalado que la modificación permitirá un escrutinio más detallado de las decisiones financieras del gobierno, potencialmente frenando prácticas de endeudamiento que no se consideren justas o necesarias. Además, podría incentivar a las autoridades a explorar alternativas más sostenibles para financiar sus proyectos. Sin embargo, algunos expertos advierten que, en situaciones de emergencia, el requisito de aprobación parlamentaria podría ralentizar la capacidad de respuesta del gobierno ante necesidades urgentes. Esta reforma legislativa refleja un movimiento hacia una mayor rendición de cuentas y responsabilidad dentro de la gestión pública.
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