Los residentes de la exclusiva zona de Camorritos, en Cercedilla (Madrid), enfrentan la orden de desalojo emitida por la Comunidad de Madrid, la cual les notifica que las concesiones de sus propiedades han caducado desde 2019. Tienen un plazo de tres meses para abandonar sus viviendas y entregar las llaves al Ayuntamiento, en medio de una situación de irregularidad denunciada públicamente por los afectados. En respuesta, la Asociación Afectados por Camorritos, que cuenta entre sus miembros a la ministra de Sanidad Mónica García, ha manifestado su intención de llevar la decisión ante los tribunales. Lamentan que no se hayan considerado sus argumentos históricos, jurídicos y ambientales durante la tramitación del expediente, lo cual, aseguran, les coloca en una situación de indefensión.
Los vecinos planean una reunión en los próximos días para determinar los próximos pasos legales, con la posibilidad de interponer un recurso de reposición o un recurso contencioso-administrativo. Esta situación se origina en una concesión otorgada en 1920 a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama, la cual caducó en 2018 al concluir el periodo de 99 años de concesión. Dado que los terrenos forman parte de Montes de Utilidad Pública, el Ayuntamiento de Cercedilla, propietario de los montes, y la Comunidad de Madrid, gestora de los mismos, deben decidir qué hacer con las propiedades. Esta controversia ha sido celebrada por el Partido Socialista, que gobierna en coalición con Mónica García en el plano nacional, reconociendo el fallo de la Comunidad como un paso positivo.
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