El ingreso del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la prisión de Soto del Real ha sacudido al Gobierno, que lo califica como una imagen «desgarradora y decepcionante». A pesar de la controversia y el escándalo que rodea el caso, la Moncloa se mantiene firme en su defensa, afirmando que no existen «indicios» de que el PSOE se beneficiara de financiación ilegal a través de las supuestas mordidas que Cerdán habría recibido por la manipulación de contratos públicos. En su auto, el juez Leopoldo Puente sostiene que el «botín» de la trama pudo alcanzar más de cinco millones de euros, sugiriendo que otros individuos o entidades podrían estar implicados, aunque evita mencionar directamente al PSOE.
La ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, expresó su decepción ante la situación de Cerdán y aseguró que, desde 2010, el partido ha venido realizando auditorías para asegurar la transparencia en sus cuentas. La actual crisis ha desencadenado una nueva inspección que, según Alegría, refuerza la integridad del PSOE. Si bien la ministra reconoció que la «corrupción cero» es un ideal difícil de alcanzar, enfatizó que el Gobierno ha mostrado contundencia en su respuesta ante la corrupción y descartó cualquier posibilidad de adelanto electoral, afirmando que su gestión continuará hasta 2027 con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la clase media y trabajadora.
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