El Gobierno ha decidido desvincularse por completo de Leire Díez, militante socialista, tras sus controvertidos ofrecimientos a un empresario acusado de corrupción. Según fuentes de Moncloa, los ofrecimientos de Díez, que implicaban un pacto con la Fiscalía a cambio de información sobre la investigación que afecta a Antonio Balas, son considerados una «fanfarronería» y no cuentan con el respaldo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La ministra portavoz y otros funcionarios han señalado que Díez no está en nómina del partido, reafirmando su falta de autoridad para hacer tales promesas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y destacó que actúa bajo la dirección del Ministerio Fiscal y de las autoridades judiciales. Marlaska hizo hincapié en que el Gobierno no actúa de manera similar al anterior Ejecutivo del PP y que corresponde a la autoridad judicial tomar las decisiones pertinentes. Fuentes gubernamentales han manifestado su tranquilidad, alegando que las acusaciones contra Díez son infundadas y asegurando que no se realizarán acciones contra ella debido a la ausencia de vínculos con el partido.
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