El plan de «regeneración» anunciado por el presidente Pedro Sánchez se basa en una norma comunitaria europea, aunque no ha replicado todos sus elementos, según fuentes gubernamentales. Esta iniciativa busca consolidar una recuperación económica tras los estragos ocasionados por la pandemia del COVID-19 y pretende alinearse con las exigencias europeas en términos de transparencia y buenas prácticas. Sin embargo, críticos señalan que la adaptación española de esta norma deja fuera aspectos cruciales relacionados con la supervisión de ayudas públicas y la implementación efectiva de medidas anticorrupción, generando dudas sobre su alcance y eficacia.
En el ámbito político, esta decisión de Sánchez ha provocado reacciones mixtas. Partidos de la oposición acusan al gobierno de aprovechar la normativa europea de manera oportunista para legitimarse sin comprometerse a una verdadera transparencia. Por otro lado, el Ejecutivo defiende que las adaptaciones de la normativa a la realidad española son necesarias para que estas medidas sean efectivas y aplicables. El debate se intensifica en un contexto de creciente demanda ciudadana por mayor integridad y rendición de cuentas en la gestión pública.
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