La Comunidad de Madrid ha implementado una nueva Ley de Hacienda que marca un hito en la actualización de su marco legal financiero y en la modernización de su sector público. Esta normativa despliega una serie de reformas destinadas a optimizar el funcionamiento administrativo, mejorar la planificación presupuestaria y reforzar la transparencia en la comunicación con la Asamblea de Madrid.
En un cambio significativo, la norma redefine la estructura de las sociedades mercantiles del Ejecutivo autonómico, con una mención particular para las alineadas con el artículo 42 del Código de Comercio. Este ajuste busca sintonizar la legislación autonómica con la estatal, reconociendo las particularidades de estos organismos públicos.
La Ley de Hacienda introduce una regulación más precisa de las operaciones económicas, distinguiendo claramente los mecanismos financieros dentro de la Administración. Esto incluye una separación funcional entre la Tesorería General, que se encarga del manejo de los recursos del sector público con excepción de las universidades, y la Tesorería Central, destinada a coordinar los fondos de la Administración autonómica y otras entidades que carecen de gestión propia en el ámbito financiero.
En línea con las demandas contemporáneas, se han establecido cambios en la programación presupuestaria plurianual y en la normativa de estabilidad fiscal. Además, se implanta un régimen específico para la función interventora en materia de personal, simplificando así las leyes anuales de presupuestos.
La actualización del ordenamiento jurídico es uno de los pilares fundamentales de esta ley, que reemplaza la antigua normativa de 1990 y deja atrás 35 años durante los cuales emergieron figuras legales nuevas como fundaciones y consorcios. Esto no solo moderniza el marco legal sino que también busca eliminar duplicidades y adaptarse a las normativas vigentes a nivel europeo, estatal y autonómico. Simultáneamente, la nueva ley absorbe y deroga la Ley 1/1989 de Control Parlamentario, integrando sus principios de remisión de información a la Asamblea.
Con la eliminación de disposiciones de igual o inferior rango que contradigan sus normativas, la ley no solo promueve la claridad legislativa, sino que también combate la «hiperregulación», deshaciéndose de reglas obsoletas y redundantes.
La implementación de esta Ley de Hacienda se llevará a cabo de manera expedita, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). La expectativa es que esta modernización del marco legal facilite una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos en beneficio de la comunidad madrileña.
