La reciente publicación de la oferta para la nueva licitación de Muface en la Plataforma de Contratación del Estado ha abierto un nuevo capítulo en el ámbito de los seguros para funcionarios en España. A pesar de la expectativa inicial de que este proceso comenzara en abril, el Gobierno ha decidido otorgar una prórroga de tres meses. Durante este lapso, se mantendrán las condiciones existentes, lo que, si bien otorga más tiempo para la evaluación de propuestas, también genera incertidumbre entre las partes implicadas.
Los aspectos financieros del contrato subrayan su envergadura. Con una vigencia prevista hasta el 31 de diciembre de 2027, involucra un presupuesto de 4.205 millones de euros. De esta suma, 4.134 millones se destinarán específicamente a la cobertura de los funcionarios dentro del territorio español, mientras que 71,6 millones se reservarán para mutualistas en el extranjero. Esta cifra es menor a los 4.478 millones inicialmente anticipados, una reducción atribuida a la exclusión de los primeros tres meses del año. Sin embargo, este reajuste ha suscitado críticas, especialmente por parte de Unipromel, una asociación de médicos autónomos que denuncia la insuficiencia del contrato. Aunque las primas experimenten un incremento del 33,5%, Unipromel alerta que semejante aumento no se traduce necesariamente en mejoras para los médicos, y advierte sobre la posibilidad de impugnar el nuevo acuerdo.
Las aseguradoras, actores clave en este escenario, han reaccionado de maneras diversas ante la publicación del nuevo contrato. Adeslas, que controla un tercio del mercado de asegurados de Muface, ha expresado su descontento con la decisión de retornar a contratos de tres años, considerando los posibles riesgos basados en experiencias pasadas desfavorables. Asisa, por su parte, ha optado por una postura más comedida, destacando la necesidad de un modelo mutualista que sea sostenible y equilibrado. Mientras tanto, DKV ha optado por mantenerse al margen de declaraciones contundentes, prefiriendo estudiar detenidamente los nuevos pliegos antes de formalizar su postura.
Con el plazo para la presentación de propuestas extendido hasta el 15 de enero a las 10 de la mañana, las semanas venideras son cruciales para las aseguradoras que deben sopesar las condiciones y decidir su participación. Aunque el contrato tiene fecha de vencimiento para finales de diciembre de 2027, existen opciones de extenderlo hasta enero o marzo en circunstancias específicas, dejando un margen de maniobra que todavía oscurece el panorama.
En este contexto, la incertidumbre se cierne sobre la cobertura de algunos funcionarios, reflejando las tensiones inherentes al actual modelo mutualista. A medida que se desarrollan las negociaciones, las aseguradoras enfrentan el desafío de equilibrar la sostenibilidad financiera con las expectativas de servicio, todo bajo la atenta mirada de funcionarios y médicos críticos que exigen mejores condiciones y mayor transparencia.
