En una rueda de prensa celebrada recientemente, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado su preocupación por el rechazo de varios grupos políticos a la propuesta de modificación legislativa destinada a la acogida de menores no acompañados entre las comunidades autónomas. La oposición más notable proviene del Partido Popular (PP), el grupo con mayor representación en el Congreso y el Senado, y que también gobierna en un mayor número de comunidades autónomas y entidades locales.
La iniciativa legislativa, que proponía la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, tenía como objetivo instaurar un sistema de solidaridad obligatorio. Este sistema permitiría que los menores no acompañados, cuando su número excediera el 150 por ciento de la capacidad de acogida de una comunidad autónoma, puedan ser transferidos a otros territorios con mayor capacidad para su atención.
Según Torres, la falta de consenso para aprobar esta modificación legislativa pone en riesgo la adecuada protección y atención de estos menores vulnerables, quienes a menudo se encuentran en situaciones extremas al llegar a España. La resistencia a la medida plantea interrogantes sobre el compromiso de algunas comunidades autónomas para enfrentar de manera conjunta y solidaria el desafío migratorio, particularmente en lo que respecta a la acogida y cuidado de los menores no acompañados, un grupo especialmente desprotegido.
En sus declaraciones, el ministro hizo un llamamiento a la responsabilidad y la solidaridad interterritorial, subrayando la necesidad de que todas las comunidades autónomas asuman su parte equitativa en la gestión de este problema humanitario. Asimismo, destacó que la modificación propuesta no solo busca una distribución más justa y eficiente de los menores no acompañados, sino también garantizar que todos ellos reciban la atención y los recursos necesarios para su bienestar y desarrollo integral.
La situación actual, con algunas comunidades sobrecargadas mientras otras no asumen un papel activo en la acogida, refleja una disparidad que este proyecto de ley pretendía corregir. Sin embargo, el rechazo por parte de los principales actores políticos arroja incertidumbre sobre el futuro de esta propuesta y deja en el aire la necesidad urgente de una política migratoria más cohesionada y equitativa en el país.
Fuente: Ministerio Políticas Territoriales y Memoria Democrática.
