El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, protagonizó una fuerte controversia al denunciar un allanamiento en su residencia por parte de la Corte Suprema, vinculándolo con un caso de corrupción. Benedetti acusó directamente a la magistrada Cristina Lombana, liderando el procedimiento, de estar «obsesionada» con él y lanzó insultos a través de redes sociales y medios. Además, anunció su intención de llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Suprema defendió sus acciones mediante un comunicado, instando al respeto y la prudencia en el lenguaje empleado, subrayando que el debido proceso debe prevalecer.
El gobierno de Gustavo Petro respaldó a Benedetti, criticando el proceder judicial y ofreciéndole apoyo mientras enfrenta varias investigaciones por corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La oposición y críticos arremetieron contra el lenguaje agresivo de Benedetti, considerando que empaña la institucionalidad y la justicia. El ministro también enfrenta señalamientos por sus vínculos económicos con el clan Torres, sumado a su pasado conflictivo con la jefa de Gabinete, Laura Sarabia. Estos incidentes se suman a un historial polémico que involucra su forma de actuar dentro del gobierno y su relación cercana con el presidente Petro, quien optó por mantenerlo en su administración a pesar de las críticas internas.
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