El Gobierno ha lanzado un ambicioso plan para reforzar las Oficinas de Extranjería en todo el país, en respuesta a la carga de trabajo que se espera tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería el próximo 20 de mayo. Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración entre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, contempla la incorporación inmediata de 250 efectivos de forma temporal durante al menos 18 meses.
Además, se asignarán alrededor de 500 nuevos funcionarios, de un total de más de 1.100, a estos centros en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, asegurando así una fuerte respuesta estructural. En total, son 750 los efectivos que engrosarán las filas de las Oficinas de Extranjería, destacando la importancia de estos servicios en la tramitación de solicitudes de residencia y trabajo para personas extranjeras.
Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, ha indicado que esta dotación sin precedentes no solo se limita a la incorporación de personal, sino que también incluye mejoras organizativas y tecnológicas. En este sentido, se plantean medidas como la deslocalización de la gestión, permitiendo la tramitación de solicitudes desde diferentes oficinas según la carga de trabajo, así como la habilitación de nuevos formularios electrónicos en la plataforma Mercurio para agilizar los procesos.
Esta acción surge del trabajo coordinado desde finales de 2024, bajo la dirección del ministro Ángel Víctor Torres, involucrando a diversos actores para enfrentar los retos que el nuevo reglamento plantea a largo plazo.
En la mañana de hoy, Arcadi España ha liderado una serie de reuniones en la sede del Ministerio de Política Territorial, donde se han abordado, junto a delegados del Gobierno y otros representantes ministeriales, no solo el refuerzo de las oficinas de extranjería, sino también temas relacionados con vivienda, turismo, y digitalización. La medida promete no solo un alivio inmediato ante el aumento esperado de solicitudes, sino un avance hacia un sistema más eficiente y centrado en las personas que dependen de él.
Fuente: Ministerio Políticas Territoriales y Memoria Democrática.
