En los últimos meses, el Gobierno español liderado por Pedro Sánchez ha estado en el centro de la polémica debido a discrepancias entre sus declaraciones públicas y sus acciones en torno a la compra de material militar a Israel. En octubre, el Gobierno anunció, mediante un comunicado oficial, la suspensión de adquisiciones de este tipo, en respuesta a las presiones del ala de Sumar. Sin embargo, información contrastada por OKDIARIO revela que desde entonces se han adjudicado al menos cinco contratos a empresas israelíes, por un valor superior a los 9 millones de euros. Entre estos contratos destaca un macrosuministro de munición, valorado en 6,64 millones de euros, adjudicado originalmente a Guardian Homeland Systems, pero más tarde reasignado a IMI Systems, una empresa en la que el Gobierno israelí tiene participación accionarial directa.
A pesar de la presión pública y de las promesas de rescindir algunos contratos, no se ha materializado ninguna cancelación hasta la fecha. En cambio, el Gobierno ha continuado haciendo tratos con la industria militar israelí. El Ministerio de Defensa adjudicó un contrato adicional a IMI Systems por más de 2,2 millones de euros para programadores de espoleta, y otros tres contratos a Guardian Homeland Security, relacionados con la adquisición de chalecos antibalas y otros equipos. Estas transacciones, según las autoridades, se han basado en criterios de calidad y precio. La situación ha generado críticas y cuestionamientos sobre la coherencia del Ejecutivo al abordar sus relaciones comerciales con Israel, especialmente después de que altos miembros del Gobierno aseguraran que no se realizarían más compras de armamento a dicho país.
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