El Ministerio de Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra varias empresas que continúan publicando anuncios de prostitución en sus webs, desobedeciendo la advertencia del Gobierno en julio para retirar este contenido “de forma inminente”. Este paso podría llevar a multas superiores a 100.000 euros e incluso al cierre permanente de estos portales online, dependiendo de la resolución de los órganos competentes del Ministerio.
La Dirección General de Consumo (DGC) lidera esta investigación, en la que se han examinado más de 400 anuncios de prostitución y recopilado 5.600 datos. Los hallazgos son reveladores: el 99,5% de los anuncios contenían fotografías de contenido sexual, el 57% referenciaba directamente el cuerpo de quien publicitaba sus servicios y el 62,5% utilizaba adjetivos sexuales en sus textos. Además, la mayoría de los anuncios se presentaban como servicios de «escort» para eludir la legislación vigente. Este término apareció en el 90% de las webs analizadas.
Un tercio de las webs estudiadas pertenece a la misma empresa publicitaria, revelando conexiones entre las principales plataformas que promueven la prostitución online. Cabe destacar que la publicidad de servicios de prostitución o relacionados, como escort, acompañantes o masajistas, está prohibida por la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, aprobada el 6 de septiembre de 2022. Además, se considera publicidad ilícita aquella que utiliza estereotipos de género que fomentan o normalizan las violencias sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes, o que presenta a las mujeres de manera vejatoria.
La actuación del Ministerio de Consumo está en sintonía con las directrices del Parlamento Europeo, que ha instado a los Estados Miembros a adoptar medidas urgentes para abordar la publicidad online y la facilitación de contactos que promuevan directa o indirectamente la prostitución. En una resolución del pasado 23 de septiembre, la cámara europea expresó su preocupación particularmente por el fenómeno de los «sugar daddies», caracterizado por la explotación sexual de mujeres jóvenes, incluyendo estudiantes, por hombres adinerados e influyentes.
El Parlamento Europeo subrayó que la prostitución no es simplemente un acto individual de una persona que alquila su cuerpo por dinero, sino un sistema organizado con fines lucrativos, intrínsecamente violento y discriminatorio. En este sistema, los proxenetas planifican y actúan para asegurar y expandir sus mercados, mientras que los compradores de sexo juegan un papel crucial en la incentivación de este negocio inhumano.
Fuente: Ministerio de Consumo
