En Argentina, el sistema de apoyo vital para personas con discapacidad enfrenta serias amenazas debido a recortes presupuestarios y el veto propuesto por el presidente Javier Milei a la Ley de emergencia para personas con discapacidad. Aprobada por unanimidad en el Congreso el 10 de julio, esta legislación busca asegurar servicios esenciales como terapia y transporte, entre otros. Roman Stavsky, un hombre de 39 años con discapacidad motora, es uno de los miles que podrían perder acceso a estos servicios cruciales. Milei ha calificado la ley como “regresiva”, argumentando que perpetúa un modelo asistencialista fallido, lo que ha aumentado la incertidumbre entre las familias que dependen del apoyo gubernamental.
El contexto es aún más complicado debido a severos recortes en el sector de salud pública, afectando particularmente a quienes necesitan atención para discapacidades. Familias y organizaciones han denunciado el cierre de centros y la falta de acceso a medicamentos, una realidad que los padres de Roman, entre muchos otros, describen como un “abandono a su suerte”. En respuesta, cientos de manifestantes se congregaron frente al Congreso Nacional exigiendo la aprobación de la ley de emergencia y que se declare el estado de emergencia para mitigar los efectos devastadores de estos recortes. Las asociaciones de derechos de personas con discapacidad llevan la voz de quienes claman por un apoyo vital para llevar una vida digna.
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