En un giro inesperado en la política argentina, el Gobierno de Javier Milei decidió posponer hasta 2026 la controvertida reforma laboral que buscaba implementar antes de fin de año, luego de enfrentar el rechazo en la Cámara de Diputados. La iniciativa, que pretendía reducir indemnizaciones por despido y flexibilizar el régimen laboral, fue detenida abruptamente en un contexto de protestas masivas por parte de las principales federaciones sindicales del país. El rechazo parlamentario al recorte de fondos para universidades y el sistema de salud para personas con discapacidad, sectores emblemáticos en el presupuesto 2026, hizo eco en el debate legislativo y quedó reflejado en una votación donde incluso algunos aliados de Milei decidieron no apoyar la moción del Ejecutivo.

Mientras tanto, la Plaza de Mayo fue testigo de una movilización sindical significativa, en la que miles de trabajadores alzaron sus voces contra las reformas propuestas. Con consignas como «No a la reforma laboral» plasmadas en pancartas, los manifestantes expresaron su rechazo a un proyecto al que consideraron perjudicial para los derechos laborales adquiridos. La protesta fue organizada por la CGT y tuvo el respaldo de las dos ramas de la CTA, además de organizaciones sociales y partidos de izquierda. Durante el acto central, se tildó la reforma de «regresiva y precarizadora», y se advirtió al Gobierno sobre la posibilidad de un paro nacional si se persiste en la agenda reformista. Al mismo tiempo, en el Senado, se había planteado reanudar el debate en febrero, poniendo en evidencia las tensiones internas en las filas ultraderechistas y sus arduos intentos de acuerdo con otras fuerzas políticas.

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