La política en Argentina atraviesa una tormenta marcada por acusaciones de conspiraciones y actos de violencia en las calles. El presidente ultraderechista, Javier Milei, en una coyuntura caracterizada por disturbios en una marcha de jubilados, ha optado por denunciar un intento de golpe de Estado. La movilización, que derivó en enfrentamientos con la policía y dejó un saldo de más de 100 detenidos y 50 heridos, ha sido utilizada por el Gobierno para acusar a grupos de barrabravas y a la oposición peronista de buscar desestabilizar su gestión. Las palabras del jefe de ministros, Guillermo Francos, apuntaron directamente a un supuesto entramado político sin aportar pruebas claras, mientras la tensión escalaba con la intervención de las fuerzas de seguridad y un incidente grave que dejó al fotoperiodista Pablo Grillo herido de gravedad.
En paralelo, el ámbito político no ha estado exento de tumultos, reflejados en un acalorado debate parlamentario sobre una comisión de investigación en torno al escándalo de la criptomoneda $Libra que involucra al presidente. La vicepresidenta Victoria Villarruel intentó desmarcarse del enfoque agresivo de Milei, abogando por el derecho a la manifestación pacífica pero insistiendo en la necesidad de reprimir los actos violentos. Sus comentarios, sin embargo, han sido blanco de críticas severas por parte de los seguidores del presidente, quienes piden su renuncia. Esta crispación se suma a un panorama ya complejo para Milei, afectado por el escándalo financiero y forzado a cancelar un viaje diplomático a España, reflejando cómo la hostilidad y la polarización están marcando un capítulo turbulento en la política argentina.
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