Argentina ha adoptado una nueva legislación laboral impulsada por el presidente Javier Milei, que ofrece un escenario más favorable para las empresas al reducir costes de despidos, ampliar la jornada laboral a 12 horas diarias y flexibilizar el pago de horas extras. La ley, que fue aprobada en el Senado con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, también contempla la reducción de cargas patronales y la creación de un fondo para indemnizaciones que desfinancia la Seguridad Social. El proyecto ha generado protestas en diversos puntos de Buenos Aires y ha sido criticado por su impacto en los derechos laborales, incluyendo la limitación del derecho a huelga y el debilitamiento de los convenios colectivos sectoriales. A pesar de los recortes en el proyecto original para asegurar su aprobación, la administración de Milei considera que esta reforma es un paso crucial para «modernizar» el mercado laboral argentino y reactivar un sector económico estancado.
La reacción a la reforma ha sido polarizante: mientras que el gobierno la presenta como un avance hacia la creación de más oportunidades laborales, la oposición, liderada por sectores peronistas, advierte que solo servirá para precarizar más el empleo. Durante la sesión del Senado, el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, censuró el proyecto, calificándolo de «vergonzoso» y alertando sobre los riesgos que supone para la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores. En contraste, la senadora oficialista Patricia Bullrich defendió la ley afirmando que facilitará la contratación y eliminará el miedo empresarial a demandas laborales. Al finalizar la votación, el presidente Milei celebró la aprobación de la ley laboral a través de sus redes sociales con un marcado énfasis en su lema de «libertad». Mientras tanto, las protestas en las calles reflejaron la oposición de sectores sindicales y agrupaciones de izquierda, aunque no alcanzaron la magnitud de la huelga general de días anteriores.
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