El gobierno del presidente argentino Javier Milei ha tomado una medida drástica al disolver la Dirección Nacional de Vialidad, responsable del mantenimiento de las carreteras en Argentina durante 93 años. Esta decisión forma parte de un plan más amplio para reducir y reorganizar el Estado, siendo vistas por sus partidarios como un golpe contra la corrupción en la obra pública, especialmente tras la condena de la expresidenta Cristina Kirchner por irregularidades en concesiones. Sin embargo, los críticos advierten que miles de empleados quedarán desempleados y que el estado de las rutas, ya deteriorado, podría empeorar, incrementando así el riesgo de accidentes. El nuevo manejo de las rutas estará a cargo de la Agencia de control de concesiones y servicios públicos de Transporte del Ministerio de Economía, enfocándose en la privatización de la red de transporte.
La oposición y varios gobernadores provinciales han alzado sus voces contra esta medida, alegando que las provincias serán las más afectadas por la falta de inversiones en infraestructura. En Río Negro, el gobernador presentó una demanda judicial debido al abandono de las rutas, que considera un símbolo del deterioro de la atención del gobierno central hacia las regiones productivas del país. La secretaria sindical Graciela Aleñá denuncia que la decisión es ideológica y carece de un análisis técnico adecuado, dejando a miles sin empleo y rutas sin mantenimiento. La disolución de Vialidad aviva el descontento provincial y representa uno de los movimientos más controvertidos de Milei, ejecutados sin debate parlamentario gracias a poderes legislativos especiales.
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