Javier Milei, actual presidente de Argentina, ha ejecutado su amenaza y vetado dos leyes aprobadas por la oposición el pasado 10 de julio. La primera de estas leyes proponía un aumento del 7,2% en las pensiones, afectadas por el ajuste fiscal del Gobierno, mientras que la segunda declaraba una emergencia en discapacidad y aumentaba la asistencia estatal por invalidez. Milei argumentó que estas medidas ponían en riesgo el superávit fiscal, su principal prioridad de gestión, y las calificó como un «intento de golpe institucional» por parte del kirchnerismo. A partir del lunes, el veto entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial, lo que obligará a la ultraderecha, minoría en el Congreso, a negociar para mantenerlo ante el posible desafío de la oposición.
El escenario político para Milei es complicado considerando el inminente período electoral y la fractura de la Casa Rosada con antiguos aliados en el Congreso. La clave reside en los gobernadores no peronistas, quienes en el pasado contribuyeron a defender un veto de Milei similar. Sin embargo, cinco de estos gobernadores han formado una nueva alianza en preparación para las elecciones legislativas de octubre, representando distintos frentes políticos, incluido el Pro y los radicales. Además, argumentan que el superávit fiscal se logró mediante la apropiación de fondos que deberían haberse destinado a las provincias y la paralización de la obra pública. La presión electoral y la fragilidad de las alianzas ponen a prueba la capacidad de Milei para mantener su agenda política en un contexto de creciente oposición.
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