La firma del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ha generado controversia debido a sus estrictas condiciones de propiedad intelectual, consideradas entre las más rigurosas del mundo. Este acuerdo no solo ampara las innovaciones existentes, sino también aquellas que podrían surgir en el futuro, limitando así la capacidad de México para expandir su producción y avanzar en las cadenas de valor. En el contexto del creciente proteccionismo estadounidense, México enfrenta el desafío de impulsar su mercado interior y apoyar a las empresas nacionales, situación complicada por el compromiso de respetar un régimen de propiedad intelectual que parece beneficiar más a Estados Unidos. Según investigaciones recientes, no se ha comprobado que un sistema rígido de derechos de propiedad incremente significativamente la productividad, especialmente en países en desarrollo, donde estas políticas suelen favorecer a las naciones más ricas.
El acuerdo, al ser detalladamente diseñado en favor de intereses estadounidenses, carece de definiciones claras que podrían proteger a México, dejando ambiguas varias interpretaciones legales que benefician a corporaciones extranjeras. Además, las disposiciones relativas a la industria farmacéutica perpetúan monopolios extranjeros, alargando la exclusividad de ciertos medicamentos más allá de lo estipulado por las patentes, situación que obstaculiza la producción de genéricos asequibles en México. Aunque el tratado indica que los derechos de propiedad no deben bloquear el acceso a medicinas esenciales durante emergencias, en la práctica, estas cláusulas enfrentan fuerte resistencia de las farmacéuticas. Con la revisión del tratado prevista para 2026, se abre una oportunidad para que México renegocie en mejores términos, promoviendo un entorno que permita a sus empresas dinamizarse y adaptarse sin las rígidas restricciones actuales de propiedad intelectual.
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