La trama de presuntos amaños de obras públicas durante la gestión de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes está bajo investigación tras los indicios recabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Las pesquisas han llevado a la imputación de Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, e Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes. Un mensaje de Herrero, que planeaba modificar el sistema de evaluación de licitaciones para obtener más control, es uno de los elementos clave en esta investigación. El informe de la UCO revela que Herrero y otros implicados presuntamente favorecieron a determinadas empresas en la adjudicación de contratos millonarios, destacando la señalada victoria de la constructora OPR en un concurso en Asturias tras la intervención del exdirector de Carreteras.
Paralelamente, las grabaciones y mensajes obtenidos apuntan también a la participación de Isabel Pardo de Vera en la trama, sugiriendo coordinación y posibles favores en contrataciones. Las conversaciones interceptadas muestran un detallado entramado de supuestas influencias y presiones ejercidas para orientar la adjudicación de servicios a empresas específicas, como Acciona y LIC. Pardo de Vera, además, fue vinculada a decisiones estratégicas para beneficiar a ciertas constructoras, un aspecto que ha reforzado las acusaciones de malversación y tráfico de influencias. La investigación continúa, con la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo a cargo de desentrañar las complejidades de este caso que salpica a figuras de alto nivel en el sector de Transportes y Construcción en España.
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