En España, la pena máxima impuesta para ciertos delitos vinculados a la inteligencia artificial ha sido de un año de prisión, a pesar de que la Policía y la Guardia Civil consideran que estas prácticas constituyen tres delitos diferentes que podrían sumar hasta nueve años de cárcel. La falta de consenso entre el Ministerio del Interior y los jueces en la interpretación de la ley complica la aplicación de penas más severas en estos casos.
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