Madrid, 27 de diciembre de 2024.- En un paso significativo hacia un empleo público más inclusivo, la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría de Estado de Derechos Sociales han lanzado a audiencia pública un proyecto de Orden que busca actualizar y mejorar las condiciones para personas con discapacidad en los procesos selectivos de acceso al empleo público. Este proyecto tiene como objetivo principal garantizar la igualdad de condiciones para todos los aspirantes, ajustándose a sus necesidades específicas.
La disposición, que ya ha pasado por un período de consulta previa, está ahora en fase de audiencia pública y estará abierta para observaciones hasta el 21 de enero de 2025. Los interesados pueden enviar sus aportaciones a través de la web oficial o a un correo electrónico designado, permitiendo así un debate inclusivo y participativo sobre el contenido de la norma.
Una actualización necesaria al Real Decreto 2271/2004, el nuevo proyecto aboga por una adaptación de tiempos y medios en los exámenes. Esto incluye la posibilidad de un tiempo adicional para completar las pruebas, acceso a medios materiales y humanos, y ajustes razonables específicos según la situación de cada aspirante. Una novedad importante del proyecto es la inclusión de asistencia personal o laboral, intérpretes de lengua de signos, y guías-intérpretes para personas sordociegas.
Las adaptaciones de tiempos se fijarán en función del tipo y grado de discapacidad, siguiendo un baremo de criterios que permitirá a los órganos de selección ajustar de manera idónea el tiempo extra que cada aspirante precise. Además, se asegura que las peticiones de adaptaciones que no estén contempladas inicialmente en la norma se resolverán bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad.
Este esfuerzo del Gobierno de España se enmarca en una serie de medidas orientadas a fomentar un empleo público más inclusivo. Como parte de la Oferta de Empleo Público de 2024, se ha establecido una reserva del 10% de las plazas para aspirantes con discapacidad. Estas acciones están alineadas con el compromiso del Ejecutivo de asegurar que no solo se faciliten las condiciones de acceso sino también la permanencia de personas con discapacidad como funcionarios públicos.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 subraya que esta Orden fortalece su compromiso de activar laboralmente a las personas con discapacidad. En esta legislatura, se han establecido unidades de inclusión laboral en cada ministerio y se implementarán medidas del Libro Blanco “Empleo y Discapacidad” para asegurar que el entorno laboral digitalizado y competitivo del futuro no excluya a este colectivo.
Con estas medidas, España da un paso adelante en su compromiso con la inclusión, buscando no solo abrir puertas al empleo público sino también garantizar un entorno laboral que respete y valore la diversidad, promoviendo así la igualdad de oportunidades para todos.
Fuente: Ministerio de Consumo
