En un giro inesperado en el sector periodístico español, cinco periodistas de renombrados medios han sido recientemente despedidos, sin previo aviso ni notificación a los representantes sindicales. Estos movimientos han suscitado preocupación y crítica en un ámbito que ya enfrenta desafíos significativos.
En las últimas semanas, las redacciones de El Español, La Razón y El Periódico de España han visto cómo varias de sus voces eran apagadas abruptamente. El caso más notorio parece ser el de El Periódico de España, donde se han realizado tres despidos. Fuentes internas atribuyen estos recortes a la política económica del Grupo Prensa Ibérica, presidido por Javier Moll, que enfrenta dificultades tras la fallida apuesta por su edición impresa y el declive en el tráfico de su plataforma digital.
Por otro lado, el diario La Razón, parte del Grupo Planeta, ha despedido a su redactor de información política en la delegación de Barcelona. La empresa justifica este despido alegando ausencias injustificadas en momentos clave para la política catalana. Sin embargo, las ediciones digitales del diario contradicen esta versión, mostrando que las noticias sí fueron cubiertas y llevan la firma del afectado.
Un detalle que complica aún más este caso es la clasificación profesional del periodista despedido. Pese a ser el único encargado de la información política, su contrato lo define como ayudante de redacción, una categoría inexistente en el actual convenio colectivo estatal del sector de Prensa Diaria, vigente desde junio pasado. Según este marco, debió haber sido reclasificado como redactor del grupo profesional 3, nivel B, en consonancia con las tareas desempeñadas.
Estos despidos, ejecutados sin un proceso transparente y de forma sorpresiva, levantan interrogantes sobre la situación laboral en los medios de comunicación, la protección de los trabajadores y las estrategias de gestión adoptadas en un contexto cada vez más digitalizado y competitivo. La falta de comunicación con los representantes legales de los trabajadores añade una capa de complejidad y pone en evidencia posibles vulneraciones de derechos en un sector en constante transformación.
Fuente: SPM – Sindicato Periodísticas de Madrid
