La implementación de tecnologías avanzadas en la gestión de energía ha llevado a un polémico uso en California, donde los medidores “inteligentes” están siendo utilizados más allá de su propósito original. En Sacramento, las autoridades han implementado un esquema de vigilancia masiva, utilizando los medidores de energía para identificar hogares con altos consumos eléctricos, suscitando preocupaciones sobre privacidad.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha tomado acciones legales contra esta práctica, argumentando que el Sacramento Municipal Utilities District (SMUD) ha estado ilegalmente vigilando a sus clientes por años. Desde hace una década, SMUD ha enviado más de 33,000 denuncias a la policía, alertando sobre supuestos cultivos ilegales de cannabis basados en consumos elevados de electricidad. Sin embargo, el uso alto de energía puede ser debido a múltiples razones legítimas, como el uso de aire acondicionado o el tamaño de la vivienda.
A lo largo del tiempo, el umbral que define el consumo “sospechoso” se ha reducido significativamente, desde 7,000 kWh al mes en 2014 a apenas 2,800 kWh en 2023. Este cambio ha amplificado la vigilancia sobre los clientes, afectando desproporcionadamente a ciertas comunidades. En particular, los clientes de origen asiático han sido objeto de sospechas, en algunos casos simplemente por la presencia de residentes asiáticos en el domicilio. Además, las cartas de advertencia de la policía se han emitido mayormente en inglés y chino, omitiendo otros idiomas.
La situación se complicó en 2022 cuando la EFF y un bufete de abogados interpusieron una demanda contra SMUD y la ciudad de Sacramento en representación de la Asian American Liberation Network y dos residentes afectados. Uno de los casos más alarmantes involucra a un inmigrante vietnamita que, por un error en el sistema, fue acusado de cultivar cannabis. Las autoridades lo visitaron sin previa notificación, exigiendo entrar a su hogar y amenazándolo con arrestarlo.
La EFF sostiene que este programa de vigilancia viola la Constitución de California al considerar a todos los hogares como sospechosos sin evidencias concretas, asegurando que este tipo de medidas son inherentemente irrazonables. Esta práctica infringe la privacidad de los ciudadanos, ya que busca pruebas de delitos sin tener sospechas individualizadas.
La resistencia a estos programas no es nueva para la EFF, que durante décadas ha defendido la privacidad digital frente a amenazas gubernamentales y corporativas. La organización continúa su batalla legal, decidida a detener esta práctica que consideran una violación grave de los derechos de los ciudadanos.
