El reciente incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) en España, llevado a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha generado controversia debido a la decisión de no aumentar paralelamente el mínimo exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esto ha llevado a que los trabajadores que reciban el SMI, ahora fijado en 1.184 euros, deban tributar por primera vez. Ante esta situación, las personas han puesto sus esperanzas en los gobiernos autonómicos para mitigar el impacto fiscal. Sin embargo, la Junta de Andalucía, como otros gobiernos regionales, se enfrenta a límites legales en cuanto al margen de maniobra para ofrecer exenciones significativas dado que ya han agotado el límite del 10% permitido por ley.
Por su parte, Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular y ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, ha arremetido contra la política fiscal del Gobierno central, destacando el cambio de postura de María Jesús Montero respecto a la tributación del SMI. Bravo criticó el incremento de ingresos fiscales del gobierno desde 2018, considerando que cobrar el SMI debería estar exento de impuestos. Asimismo, expresó su preocupación por el hecho de que casi cuatro millones de personas dependen actualmente del SMI o del Ingreso Mínimo Vital, calificándolo de fracaso de política económica. Además, acusó a Pedro Sánchez de utilizar las pensiones como una arma política, instando a que el ahorro se busque en el combate al absentismo y al gasto innecesario en lugar de congelar las pensiones.
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