Numerosas ciudades españolas han comenzado a implementar medidas estrictas para controlar el turismo masivo y mitigar su impacto en las comunidades locales. Toledo se destaca como pionera, con una nueva ordenanza que limita los grupos turísticos a 30 personas en su casco histórico y prohíbe el uso de megáfonos por motivos de convivencia, estableciendo multas de hasta 700 euros para incumplidores. Segovia, famosa por su Acueducto romano, también prevé sanciones significativas de entre 750 y 3.000 euros para quienes dañen este monumento, reflejando el creciente deseo de proteger el patrimonio cultural frente a la avalancha de turistas.
Las Islas Baleares siguen esta tendencia al considerar un aumento en su ecotasa, que podría elevarse de 2 a 6 euros por noche en temporada alta. Además, se planea imponer nuevas tasas para vehículos vacacionales, frente a la creciente presión que genera el turismo en el mercado inmobiliario de Ibiza. Otras regiones, como Marbella, también han endurecido sus regulaciones, estableciendo multas de hasta 1.500 euros por orinar en la playa. En un contexto global, varios destinos, desde Italia hasta Nepal, están implementando políticas similares para frenar la masificación turística, que van desde prohibiciones sobre el comportamiento en la vía pública hasta limitaciones en los permisos para escalar el Everest.
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