El Gobierno ha decidido actuar con celeridad ante los devastadores efectos de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha dejado a Valencia en una situación crítica. Mediante los reales decretos-leyes 6/2024 y 7/2024, el Ejecutivo ha puesto en marcha un paquete de medidas urgentes destinadas a proporcionar un respiro financiero a autónomos, pequeñas y medianas empresas, familias y grandes corporaciones que han visto sus operaciones seriamente comprometidas desde el 29 de octubre.
El plan incluye ayudas directas que ascienden a 838 millones de euros, orientadas a respaldar desde autónomos, que podrán recibir hasta 5.000 euros, hasta empresas de mayor envergadura, que podrían acceder a aportaciones de hasta 150.000 euros. Para calificar a estas ayudas, los solicitantes deberán tener su domicilio fiscal o establecimientos en las áreas más afectadas. Las solicitudes se abrirán a partir del 19 de noviembre, con los primeros desembolsos previstos para el 1 de diciembre.
En el frente fiscal, las medidas son significativas. Se implementan exenciones y reducciones que buscan aliviar la carga impositiva sobre las ayudas percibidas, incluyendo la eliminación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Sociedades por dichas ayudas. Además, se contempla la exoneración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para el año 2024 en propiedades dañadas por el fenómeno climático, entre otros incentivos fiscales diseñados para incentivar la recuperación.
El ámbito laboral también ha sido objeto de atención, con la introducción de una incapacidad temporal extraordinaria, que garantiza una prestación del 75% del salario desde el primer día de baja laboral. Asimismo, se han mejorado las condiciones de las pensiones por incapacidad permanente, viudedad y orfandad derivadas de la DANA. Para los trabajadores autónomos, se ha facilitado la solicitud de prestación por cese de actividad, además de exenciones en las cuotas a la Seguridad Social. Las empresas podrán solicitar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor, lo que les permitirá liberarse del pago total de las cotizaciones a la Seguridad Social hasta febrero de 2025.
Con este conjunto de medidas, el Gobierno busca no solo mitigar la carga fiscal, sino también estimular la recuperación económica y asegurar que la asistencia llegue de manera ágil a quienes más lo necesitan. Las autoridades han hecho un llamado a los autónomos y empresas para que se acojan a estas ayudas y beneficios sin demora, con el objetivo de restablecer la normalidad económica y social lo antes posible.
