En un anuncio que ha encendido el descontento entre los jubilados, la Seguridad Social ha confirmado que a partir del año 2025 no se otorgará la tradicional ‘paguilla’ a los beneficiarios de pensiones contributivas, afectando a 9,3 millones de personas. Esta modificación, enmarcada dentro de la Ley 21/2021, responde a la implementación de un sistema de revalorización estructural que busca alinear las pensiones con el IPC interanual, proporcionando un aumento del 2,8% para el próximo año. Aunque la medida tiene como objetivo garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas a lo largo del tiempo, y representa un incremento en la pensión media mensual de 40,35 euros, numerosos jubilados lamentan la pérdida de un ingreso que consideraban vital para enfrentar los gastos adicionales típicos de fin de año. El debate en torno al impacto económico de esta decisión resalta la tensión existente entre la necesidad de asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y las demandas de los pensionistas de mantener su poder adquisitivo sin sacrificios.
En respuesta a este cambio, el Gobierno ha detallado que tanto las pensiones mínimas como las no contributivas experimentarán aumentos significativos, de hasta un 9%, reflejando un compromiso hacia los sectores más vulnerables. A pesar de estos ajustes, la supresión de la ‘paguilla’ continúa generando inseguridad entre los pensionistas, quienes podrían enfrentar dificultades para gestionar gastos imprevistos sin este complemento. Asimismo, se ha informado que las entidades bancarias seguirán adelantando los pagos de las pensiones a finales de enero, como medida para ofrecer un respiro a aquellos que dependen de estas para planificar sus finanzas mensuales. Este contexto sitúa a la sostenibilidad y adecuación del sistema de pensiones en el centro del debate nacional, obligando a las autoridades a evaluar futuras reformas que equilibren las necesidades de los jubilados con la viabilidad económica a largo plazo.
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