En abril de 2020, los geriatras de Madrid, responsables de filtrar llamadas de residencias para decidir sobre la hospitalización de pacientes, mostraron su descontento con el sistema impuesto por la Comunidad de Madrid. El hastío ante esta situación derivó en la redacción de un documento solicitando regresar al sistema anterior al 13 de marzo, permitiendo a las residencias contactar directamente con el 061 sin intermediaciones. El contexto de este malestar se agravó por la devastadora situación en muchas residencias, que enfrentaban falta de personal suficiente y recursos médicos, lo que causaba un colapso en la atención a los residentes. Las actas de los bomberos, junto con revelaciones de un geriatra que mantuvo el anonimato, reflejan estas tensiones y la desesperación vivida, dado que incluso con autorización para hospitalizaciones, los traslados no se llevaban a cabo eficientemente.
Pese al intento de los geriatras por modificar el protocolo, el sistema de triaje continuó en vigor durante el periodo más crítico de la pandemia, causando indignación y desgaste en los profesionales de la salud. En su documento dirigido a Carlos Mur, los geriatras destacaron la ineficacia de las medidas de aislamiento en muchas residencias y propusieron evacuar a los residentes sanos a centros sin COVID-19. El 12 de marzo se les había anunciado un «plan histórico» para medicalizar las residencias que nunca se concretó completamente. Al parecer, fue poco después de la redacción de este borrador, el 11 de abril, cuando se flexibilizaron las restricciones a los traslados hospitalarios. La investigación judicial aún continúa, con la denuncia de familiares de fallecidos en residencias que busca imputar a 25 geriatras por un delito de denegación de servicio público.
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