El Instituto Nacional de Medicina Legal ha revelado que 15 menores han muerto en bombardeos realizados por las Fuerzas Militares de Colombia entre agosto y noviembre, en los departamentos de Guaviare, Amazonas y Arauca. Esta alarmante cifra ha salido a la luz tras un reciente bombardeo en Calamar, Guaviare, que resultó en siete muertes infantiles y ha generado presión sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro para que explique sus decisiones militares. Según el informe, los primeros fallecimientos se registraron en agosto en El Retorno, Guaviare, con tres menores entre ocho víctimas. Un siguiente ataque en Puerto Santander, Amazonas, en octubre, cobró la vida de cuatro menores y tenía como objetivo a presuntos disidentes de las FARC liderados por Iván Mordisco, quien logró escapar.
La información de Medicina Legal resalta la gravedad de la crisis humanitaria que implica la mortalidad infantil en operaciones militares contra grupos armados ilegales, subrayando el deber del Estado de salvaguardar a los menores en tiempos de conflicto. El gobierno, que ha enfatizado su compromiso con los derechos humanos, sostiene que las acciones se ajustan al Derecho Internacional Humanitario, aunque afirma desconocía la presencia de menores en las zonas bombardeadas. Sin embargo, la realidad del reclutamiento infantil en estas áreas contradice esta postura, dejando en evidencia el alto riesgo de que niños se encuentren entre las víctimas. Esta situación plantea dilemas sobre la protección infantil y los límites de la acción militar estatal.
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