El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictaminado que se vulneró el derecho a la intimidad de un trabajador en una empresa al considerar que las acciones de registro personal llevadas a cabo por la compañía no fueron justificadas adecuadamente. En su fallo, el tribunal destacó que las inspecciones incumplían las garantías mínimas exigibles para proteger la privacidad del empleado, subrayando que tales prácticas deben ser proporcionales y razonablemente justificadas, además de estar comunicadas previamente al personal afectado para evitar situaciones de potencial abuso o invasión innecesaria de la intimidad.

Por su parte, la empresa, en defensa de sus acciones, declaró que los registros forman parte de un protocolo de seguridad establecido con el fin de proteger sus instalaciones y recursos. Según su declaración, estos procedimientos son medidas preventivas diseñadas para anticiparse a posibles infracciones y asegurar un entorno laboral seguro. La compañía argumenta que tales medidas son estándar en el sector y cumplen con las normativas vigentes, aunque recalca su disposición a revisar las prácticas actuales para ajustarse a las recomendaciones judiciales y evitar futuros conflictos legales relacionados con la privacidad de los empleados.

Leer noticia completa en El Mundo.