El actual presidente valenciano se encuentra en una situación delicada tras el devastador auto emitido por la magistrada en relación con la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Aunque no puede ser imputado debido a su condición de aforado, la jueza ha dejado claro que se espera que su implicación en el caso aumente, lo que podría llevarlo eventualmente al banquillo. La investigación judicial ha desmontado la defensa presentada por la Generalitat, que intentaba atribuir la responsabilidad del desastre a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, el enfoque actual de la gestión parece dejar a la exconsejera de Interior como única responsable de la tardía alerta a la población.
La respuesta de la exconsejera, ahora imputada, será clave para el desarrollo del proceso judicial. La cuestión es hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger a Mazón, quien ha adoptado una postura distante, quizá buscando protegerse de las posibles repercusiones políticas y legales del caso. En este contexto, el juicio promete ser un campo de declaraciones cruzadas y estrategias de defensa individuales, con cada protagonista intentando salvar su propia posición frente a los jueces que indagan en la gestión y el manejo de la catástrofe que azotó a la Comunidad Valenciana.
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