En un encendido intercambio con el Gobierno central, el presidente de la Comunidad Valenciana defendió su posición ante las acusaciones recientes, negando de manera categórica que necesitara dar su autorización para una alerta emitida a las 20.11 horas. En sus declaraciones, el mandatario autonómico subrayó que las reglas y procedimientos establecidos no requieren que la comunidad avale este tipo de avisos de emergencia, insistiendo en que su administración siguió el protocolo de manera correcta. Además, expresó su preocupación de que estas acusaciones formen parte de un intento más amplio de «criminalizar» su gestión al frente de la comunidad, calificando el proceso como una maniobra política para desviar la atención de otros asuntos más trascendentales.
El enfrentamiento surge en un contexto de creciente tensión entre diversas administraciones regionales y el Ejecutivo central en torno a competencias y la gestión de emergencias. El presidente valenciano solicitó al Gobierno central claridad sobre estos procedimientos y un mayor respeto hacia las autonomías, argumentando que la politización de este tipo de situaciones genera desconfianza entre las instituciones y la ciudadanía. Mientras tanto, fuentes del gobierno nacional aseguran que en ningún momento se trató de culpar a la presidencia valenciana, sino de aclarar responsabilidades para garantizar una mejor coordinación en el futuro. La controversia se produce en un momento clave, acrecentando la atención pública hacia las dinámicas de poder entre el gobierno central y las comunidades autónomas.
Leer noticia completa en El Mundo.
