La Junta de Gobierno de Madrid ha recibido un informe detallado de la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, sobre los resultados de la reciente consulta pública previa a la elaboración de la Ordenanza de Convivencia de la ciudad. La encuesta, que constaba de seis preguntas, estuvo disponible en la plataforma Decide Madrid del 3 de febrero al 4 de marzo, atrayendo la participación de 6.301 ciudadanos mayores de 16 años, un incremento del 256,59 % respecto a anteriores consultas en esa misma plataforma.
La consulta reveló que una abrumadora mayoría del 90,27 % de los encuestados apoya la regulación de conductas a través de una ordenanza que garantice el uso y disfrute de los espacios y servicios públicos por parte de todos, al mismo tiempo que aborde comportamientos incívicos, molestos o perturbadores. Además, el 55 % de los participantes considera que las regulaciones vigentes no son suficientes para asegurar la convivencia en Madrid. Este sentimiento se refleja también en la opinión sobre la normativa municipal exclusiva, con el 53 % afirmando su insuficiencia.
Los datos demográficos de la consulta indican que las franjas de edad más participativas fueron aquellas entre 41 y 60 años, representando el 54,24 % del total. Geográficamente, residentes de los 21 distritos de Madrid participaron, destacando Ciudad Lineal con un 9,81 % del total de respuestas, seguido por Puente de Vallecas, Carabanchel y Arganzuela.
A los encuestados se les solicitó evaluar, en una escala del 1 al 5, el grado de acuerdo hacia la implementación de normas de convivencia en el espacio público. Los resultados muestran un consenso significativo sobre la necesidad de normas específicas, particularmente en áreas como limpieza y uso de espacios públicos (79 % muy de acuerdo), degradación y vandalismo (78 % muy de acuerdo), y el uso inadecuado de instalaciones municipales (62,65 % muy de acuerdo). Otros temas como el consumo de alcohol en vías públicas, la mendicidad organizada y los grafitis también recibieron alto apoyo para regulación.
Además, el 64,25 % de los participantes sugirieron que existen otros aspectos que requieren regulación para mejorar la convivencia en la ciudad, mencionando con frecuencia cuestiones vinculadas al manejo de calles, el comportamiento de mascotas y el control del ruido.
Según Sanz, este proceso participativo es solo el primer paso hacia un diálogo más amplio. Se planea involucrar a diversos actores sociales, incluyendo sindicatos policiales, asociaciones de vecinos, entidades del Tercer Sector, organizaciones culturales y deportivas, y plataformas empresariales y educativas, con el fin de desarrollar una ordenanza comprensiva. El objetivo esencial de esta normativa es salvaguardar el derecho de la ciudadanía a disfrutar del espacio público, asegurando condiciones de seguridad, tranquilidad, dignidad y conservación adecuada de los bienes y servicios públicos.
