La reciente consulta pública organizada a través de la plataforma Decide Madrid ha revelado un alto grado de implicación ciudadana en el debate sobre la nueva Ordenanza de Convivencia. En el periodo comprendido entre el 3 de febrero y el 4 de marzo, 6.301 madrileños han participado, lo que representa un incremento del 256,59 % en comparación con procesos anteriores de la misma plataforma. Desde la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa Inma Sanz destacó la importancia de estos resultados en la configuración de normas para una convivencia más armónica en la capital.
Durante la sesión informativa, Sanz subrayó que el 90,27 % de los consultados ven con buenos ojos la creación de regulaciones para asegurar un uso civilizado de los espacios y servicios públicos. No obstante, una mayoritaria percepción de insuficiencia en las normativas actuales fue clara: el 55 % de los participantes considera que estas no bastan para garantizar una convivencia adecuada. La opinión se replica cuando se pregunta por las disposiciones municipales, con un 53 % que las evalúa como insuficientes.
El análisis demográfico de la consulta revela que el interés por estas normativas es más pronunciado entre los adultos de 41 a 60 años, quienes conformaron el 54,24 % de los encuestados. Distritos como Ciudad Lineal, Puente de Vallecas, Carabanchel y Arganzuela mostraron una participación destacada en el cuestionario.
El entusiasmo por establecer normas claras es palpable en cuestiones como la limpieza y el uso del espacio público, con un 79 % de acuerdo, y la prevención de la degradación y el vandalismo, con un 78 %. También se registraron altos niveles de acuerdo en temas como el uso inapropiado de instalaciones municipales, el consumo de alcohol en la vía pública y la mendicidad organizada. Por otro lado, la venta ambulante ilegal generó un consenso menor, aunque significativo, con un 41,37 % de acuerdo total.
La consulta también ha destapado otros frentes que los madrileños opinan deberían ser objeto de regulación, como la gestión de las mascotas y el control del ruido en las calles.
Inma Sanz ha anunciado un proceso de diálogo más amplio que incluirá a actores clave, desde sindicatos y asociaciones vecinales hasta entidades empresariales y culturales. Este esfuerzo colaborativo busca articular una ordenanza que no solo preserve el derecho al disfrute de espacios públicos, sino que lo haga bajo condiciones óptimas de seguridad y dignidad. La ambición es clara: un Madrid más ordenado y convivencial para todos sus ciudadanos.
