El partido político Sumar ha propuesto incrementar los recargos fiscales para los conductores con mayores ingresos en España, sugiriendo porcentajes de entre el 150% y el 500%. Esta medida se aplicaría a aquellos cuyos ingresos anuales brutos superen los 70.000 euros, en un intento por fomentar una mayor equidad fiscal y financiar proyectos de infraestructuras y sostenibilidad. La propuesta ha generado reacciones divididas; mientras algunos la consideran un paso hacia la redistribución de la riqueza y el cuidado del medio ambiente, otros la ven como una carga desproporcionada que podría desincentivar ciertas actividades económicas.
Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha mantenido su postura de desvincularse de esta iniciativa, reiterando que no apoya la implementación de recargos basados en criterios de ingresos. La DGT se ha centrado tradicionalmente en la seguridad vial y en estrategias destinadas a reducir accidentes, evitando posicionamientos políticos en cuestiones fiscales. Este desacuerdo subraya la complejidad de la aplicación de políticas fiscales ligadas al transporte y plantea interrogantes sobre la viabilidad y eficacia de tales medidas en el contexto socioeconómico actual de España.
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