El ministro de Memoria Democrática, Ángel Torres, ha recrudecido su enfrentamiento con el Ayuntamiento de Madrid por la potencial fosa de brigadistas en Montecarmelo. A pesar de que el Gobierno no completó los trámites para investigar el sitio, ahora exige al alcalde José Luis Martínez-Almeida detener las obras. Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, denunció la desestimación de una solicitud de catas arqueológicas en Fuencarral. La polémica surge después de que el Gobierno movilizara 17.000 euros sin concluir las autorizaciones exigidas por la Ley de Memoria Democrática. En paralelo, se han aprobado tres millones de euros para exhumaciones y lugares de memoria, con Madrid recibiendo solo 58.829 euros, mientras que Andalucía y Cataluña son las principales beneficiarias.
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