Una crisis alimentaria se cierne sobre 42 millones de estadounidenses, incluidos 10 millones de latinos, que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). El cierre del Gobierno, resultado de la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos en el Senado sobre los nuevos presupuestos, amenaza con interrumpir esta vital asistencia. Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha solicitado a la Fiscalía General que aclare cómo financiar legalmente el programa. A pesar de que dos jueces federales ordenaron el uso de fondos de emergencia para mantener los subsidios, la incertidumbre persiste, y Trump ha advertido que los pagos solo se realizarán si se obtienen las directrices legales adecuadas.
La angustia de las familias de bajos ingresos se palpó este fin de semana, cuando muchos acudieron a bancos de alimentos en busca de ayuda. En Miami, por ejemplo, la demanda se ha duplicado, lo que ha forzado a organizaciones como Feeding South Florida a ampliar su capacidad de atención. Testimonios de beneficiarios revelan el impacto devastador del cierre, con muchas personas ya luchando por cubrir los precios en aumento de los alimentos. En estados como Texas y California, la preocupación también es palpable, ya que millones dependen de SNAP para subsistir, y ante la posibilidad de no recibir la asistencia en noviembre, las autoridades locales están preparando respuestas para hacer frente a una posible crisis alimentaria.
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