El Gobierno ha presentado una nueva ayuda de 30.000 euros destinada a jóvenes que opten por viviendas protegidas en alquiler con opción a compra. La medida se enmarca dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y busca facilitar el acceso a la propiedad para un colectivo que enfrenta serias dificultades económicas. No obstante, el impacto de esta iniciativa es cuestionado, dado que en la última década se han construido menos de 1.200 pisos protegidos en España. Aunque se espera que el sector privado adopte esta modalidad, existe incertidumbre sobre su efectividad ante un modelo que ha demostrado ser residual.
Los expertos advierten que la escasez de oferta de viviendas protegidas puede limitar el éxito de la nueva ayuda. Desde 2014, se han promovido solo 1.182 pisos bajo esta modalidad, concentrados principalmente en siete comunidades autónomas, con la Comunidad de Madrid siendo la más destacada. Las propuestas de algunos académicos, que sugieren explorar modelos alternativos como la propiedad compartida, indican que sin un incremento significativo en la construcción de VPO, el nuevo apoyo del Gobierno podría resultar insuficiente para abordar el problema del acceso a la vivienda en España.
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