Las autoridades marroquíes han intensificado su política de deportaciones en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, con la reciente expulsión de dos activistas noruegos, Maja Rønningsbakk y Kevin Fossnes, que investigaban los proyectos de energías renovables en la región. Apenas 48 horas antes, dos investigadoras noruegas habían sufrido un destino similar. Los jóvenes, pertenecientes al comité juvenil del sindicato noruego Styrke, habían viajado al Sáhara para reunirse con defensores de derechos humanos saharauis y recopilar información sobre las inversiones en energía eólica y solar lideradas por Rabat. Su visita concluyó abruptamente cuando un grupo de 34 agentes de la policía marroquí rodeó el inmueble en el que se encontraban y los escoltó fuera de la propiedad, alegando que su presencia era ilegal.
Este evento es parte de una tendencia creciente de expulsiones por parte del régimen alauí, que ya ha afectado a numerosos investigadores, activistas y periodistas en el Sáhara Occidental. En mayo, el investigador Roberto Cantoni, de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue deportado de manera similar. Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras han manifestado su preocupación por el aumento de las restricciones y el bloqueo informativo en la región, siendo este uno de los últimos territorios por descolonizar en África. Las deportaciones subrayan las tensiones persistentes sobre el estatus del Sáhara Occidental y la implementación de proyectos de energías renovables como una estrategia para reforzar el control marroquí sobre estos territorios.
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